Historiadores e investigadores enfrentan graves obstáculos debido a la centralización de documentos, la falta de recursos y la ausencia de catálogos accesibles, según denuncia la asociación.

Por Lucía Parro Pantoja en Diario Red.

La Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD) ha enviado una carta al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, en la que solicita su intermediación con el Ministerio de Defensa para abordar las serias deficiencias en el acceso y gestión de los archivos militares en España. En la misiva, firmada por el presidente de la AMMD, Manuel Pardo de Donlebún, se detallan los obstáculos que enfrentan investigadores, ciudadanos y archiveros a la hora de consultar documentos históricos relacionados con la justicia militar entre 1936 y 1981.

Según la AMMD, el principal problema radica en la falta de recursos humanos y materiales para la adecuada catalogación, conservación y digitalización de los documentos. “A pesar de la gran cantidad de documentos custodiados por el Ministerio de Defensa, existe una carencia de personal especializado y recursos adecuados”, lo que dificulta la investigación y el acceso a la información, señala el informe adjunto a la carta. Floren Dimas, oficial retirado del Ejército del Aire e investigador con décadas de experiencia en archivos militares, corrobora esta situación: “La falta de digitalización obliga a los investigadores a dar palos de ciego”.

El documento también denuncia la situación del Archivo Naval de Cartagena, que actualmente se encuentra “prácticamente fuera de servicio”. Aunque las consultas presenciales de causas y sumarios de la justicia militar todavía son posibles, no existe un servicio de reprografía en funcionamiento, a pesar de que se dispone del material necesario. Esta carencia obliga a los investigadores a desplazarse físicamente para acceder a la documentación, sin posibilidad de solicitar copias ni digitalizaciones a distancia. En este contexto, la AMMD pone el foco en las dificultades que enfrentan quienes viven lejos de estos centros: “Cabe pensar en la frustración e impotencia de quien desee obtener el sumario de su abuelo desde Pamplona o Las Palmas de Gran Canaria, o la de un investigador que precise esa información para un trabajo académico o privado de naturaleza histórica”.

Otro de los puntos críticos es el traslado de los fondos a un único centro en Madrid, el Archivo General e Histórico de la Defensa (AHGD), lo que ha dificultado aún más el acceso a la documentación en los territorios. Aunque el objetivo declarado del Ministerio de Defensa es mejorar la catalogación y digitalización, la AMMD denuncia que el proceso avanza a un “ritmo irritantemente lento” y sin previsiones claras de culminación. El informe destaca que esta centralización ha generado importantes retrasos en la consulta de expedientes: “La situación, próxima al colapso, lleva a que en la actualidad el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid tramite peticiones de expedientes procedentes de toda España, con demoras de muchos meses que esperan incluso un año para ser atendidos”. Dimas alerta además sobre la dificultad añadida que supone esta política para quienes investigan desde fuera de Madrid: “Investigar en los archivos militares es hoy como vivir en la época de Cristóbal Colón”.

La AMMD cuestiona también la estrategia de conservación de estos fondos. Para la asociación, los documentos de los tribunales militares deberían haberse mantenido en sus anteriores emplazamientos, sin perjuicio de que, de forma paulatina y por lotes, pudieran trasladarse al AHGD para su catalogación y digitalización, devolviéndolos a continuación a su origen. Con este modelo, la unidad archivística se mantendría sin paralizar las investigaciones históricas. En cambio, el modelo actual “aborta de forma drástica cualquier proyecto de investigación que exija semejante esfuerzo” de traslado a Madrid.

La deficiente catalogación de los archivos militares es otra de las trabas destacadas en el informe, que convierte la búsqueda de documentos en un proceso arduo y, en ocasiones, frustrante. Como ejemplo, la AMMD menciona que en el Archivo Naval de Cartagena “el único criterio de búsqueda que tienen para el fondo de expedientes judiciales compuesto por 839 cajas —con una media de 40 expedientes por caja— es: número de Causa o Sumario o el nombre de los procesados”. Para Dimas, esta situación es habitual: “Tienes que venirte con 40 cajas para buscar un folio o un personaje, porque no hay catálogos que definan exactamente de qué va el documento”.

A estos problemas se suma la falta de catálogos descriptivos accesibles en línea, lo que obliga a muchos investigadores a desplazarse físicamente a los archivos, incrementando considerablemente el coste económico y de tiempo de sus investigaciones. Además, la AMMD denuncia la existencia de archivos con información militar en manos privadas, lo que plantea un problema de transparencia y acceso público. Entre los casos más destacados menciona el archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, que conserva documentos de la Casa Civil y Militar del Jefe del Estado durante la dictadura. “Toda la documentación con membrete de organismos oficiales es propiedad del Estado, no existiendo amparo legal para la tenencia de esta documentación, que debe ser recuperada físicamente y depositada en los Archivos Militares”.

También se señalan carencias estructurales en los propios archivos. Según datos recogidos en el informe, en el Archivo General Militar de Ávila, de las 50.000 cajas que custodia, solo “tienen catalogadas suficientemente 4.000”. Dimas insiste en que la falta de personal cualificado es un lastre constante: “En muchos archivos vemos todavía capitanes o tenientes que no tienen formación archivística”, y critica que “el director de un archivo tiene que ser un licenciado en Historia, no un coronel sin formación”.

El acceso a los archivos se ve obstaculizado, además, por las exigencias propias de un recinto militar. Dimas denuncia que “a los investigadores se nos trata como si fuéramos soldados” y relata la cantidad de trámites que deben superar quienes quieren simplemente consultar documentación pública. A ello se suma la aplicación excesiva de la Ley de Secretos Oficiales, que impide acceder a documentación histórica que ya debería ser pública. “No hay ningún secreto que, al cabo de 25 años, justifique seguir manteniéndose como tal”, subraya Dimas.

En conclusión, la AMMD sostiene que “los archivos militares en España enfrentan desafíos relacionados con la falta de recursos, la lentitud o inexistencia de procesos de digitalización, la deficiente catalogación, el acceso limitado a catálogos prácticamente inexistente, documentación oficial expoliada, archivos en manos privadas, las limitaciones técnicas y de espacio y el acceso a información sensible restringida o secreta”. Estas circunstancias, lejos de facilitar la investigación y la memoria democrática, “se constituyen como un serio obstáculo”, impidiendo el acceso a una de las fuentes documentales más importantes para el estudio del pasado reciente de España.

Por todo ello, la AMMD ha pedido al secretario de Estado de Memoria Democrática que haga llegar estas preocupaciones al Ministerio de Defensa y valore la implantación de medidas “fáciles de ejecutar” que permitan mejorar la accesibilidad y la conservación de estos archivos. La asociación confía en que su solicitud reciba la atención necesaria y contribuya a la recuperación de la memoria democrática en el país.

Referencias:
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La imagen del Archivo Histórico del Ejército del Aire de Villaviciosa de Odón pertenece a Zarateman y se publica bajo licencia CC0 1.0 Universal vía Wikimedia Commons.