El motivo por el que apoyo la propuesta de ACMYR (Asociación Civil milicia y República), no es solo por mi condición de miembro de esta asociación, si no porque cualquier demócrata que haya seguido durante los últimos años, la trayectoria y vicisitudes de las que ha sido víctima y protagonista este oficial del Ejército de Tierra, obliga a no aceptar impasibles unos hechos consumados, que no solamente significa la impunidad del militar o militares que cometen un delito de corrupción económica, si no que una acción decidida valiente comprometida y arriesgada, se vuelve contra el denunciante, dentro de una confabulación de la línea jerárquica militar, aliada con la justicia militar, para destruir la carrera de este joven ex oficial y su proyecto de vida.

La resolución de expulsión, adoptada por la justicia militar a instancias de la cadena de mando orgánica, tiene una motivación: matar al mensajero y sembrar en las bases y cuarteles una atmósfera de miedo y el escarmiento, entre quienes se atrevan o piensen hacerlo en el futuro, a utilizar todas las vías a su alcance, comenzando por el conducto reglamentario -como hizo el ex teniente Gonzalo-, siendo recriminado y amenazado por ello de continuar señalando la existencia de irregularidades económicas en el seno de las FAS, hasta ir subiendo paulatinamente la contundencia de estas amenazas, hasta desembocar en una medida tan extrema como esta.

Estamos ante una medida «política», heredera del periodo de la dictadura franquista, en donde el miedo y la impunidad formaban parte de los modos y las formas propias de los diferentes estamentos franquistas, y particularmente en las FAS.

Agotada la vía judicial de los recursos, al ser desestimados por la Sala Quinta de lo militar del Tribunal Supremo, y a pesar de la publicación de varios libros, conferencias, artículos y entrevistas en varios MMCC, tenazmente realizadas por este ex oficial a lo largo de varios años, el caso parece llegado a una vía muerta, dejando en evidencia la complicidad e inoperancia de la justicia militar, como cómplice de una cadena de mando que castiga a los denunciantes de los delitos y protege la impunidad de los delincuentes.

Estos hechos son la prueba del algodón de que el espíritu de la democracia ha pasado de largo por la institución militar, a costa de destruir proyectos de vida de militares valientes y honrados, permitiendo el imperio de la impunidad con la siembra de estos castigos ejemplares, a quienes se atrevan a ser coherentes con los principios y honradez y legalidad que prometieron defender,

Tras esta inicua sentencia ¿Qué militar se va a arriesgar a denunciar a superiores que están metiendo la mano en los caudales públicos que se les confió para su honrada y eficaz gestión?

La propuesta que plantea ACMYR, me parece no solo coherente si no necesaria, VISIBILIZANDO la solidaridad de los militares demócratas españoles en cualquier situación, ante una causa justa, no dejando solo al ex teniente Gonzalo, como otros de los buenos en el combate, vencido y desarmado… ante una impunidad que parece perpetuarse -según vemos- en todos los sectores de las FAS.

Floren Dimas

Nota:
ACMYR (Asociación Civil, Milicia y República) propone pedir, en base a la normativa de protección a los denunciantes de corrupción, el reingreso en las FFAA del exteniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército en 2015 por denunciar públicamente corrupción y malas prácticas en el seno de las FFAA, tras denunciar los hechos sin éxito ante la Justicia militar española.

Floren Dimas Balsalobre es Oficial del Ejército del Aire (R), firmante del Manifiesto contra el franquismo en las Fuerzas Armadas, Presidente de la Asociación Milicia y República (ACMYR), miembro de Anemoi, de la Asociación Memoria Militar Democrática y Delegado de la asociación para la memoria histórica en la Región de Murcia AGE.

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